El porro que tapa el bosqueLa tenencia para el uso, el gran objetivo de la policía
La ley que provincializó la persecución judicial a los narcotraficantes terminó por abarrotar los juzgados con causas a jóvenes y adolescentes consumidores. De los 1724 expedientes iniciados en la provincia de Buenos Aires, sólo el 16 por ciento está vinculado al comercio.
Por Cristian Alarcón, especial para Babilonia Periodística
Delia lleva nueve años viendo cómo uno de sus vecinos vende droga en la esquina de su casa. No hay denuncia que haya funcionado, dice. Pero son los últimos tiempos los que la desesperan: el paco invadió la villa Los Eucaliptos, justo frente a su balcón, en Quilmes. Delia no sabe –como la mayoría de los consultados que viven en las áreas narco del conurbano– que desde el 9 de diciembre la ley de drogas también puede ser aplicada por la policía y la Justicia bonaerenses. Por eso, por el momento, su estrategia de denuncia es bien simple: pasa por al lado del dealer, lo mira con desprecio y escupe. Escupe como si el salivazo fuera el límite de su denuncia. Lo que percibe se confirma tras una investigación en las zonas en las que la venta de la pasta base es un drama cotidiano y masivo. Y lo dicen las cifras reveladas en exclusiva a este cronista por la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense.
De las 1724 causas judiciales por violación de la nueva ley de drogas iniciadas entre el 11 de diciembre y el 29 de enero pasado, el 84 por ciento acusa a los detenidos de consumo personal o tenencia simple: adolescentes sorprendidos con marihuana en el bolsillo. El 86 por ciento de lo secuestrado son porros o pequeñas cantidades de yerba mientras que sólo el 3 por ciento de lo incautado es paco. “No estamos satisfechos con los primeros resultados. Pensamos que se atacaría el tema que más nos preocupa, que es el del tráfico en los kioscos que venden el paco que está matando a los jóvenes”, se quejó la procuradora, María del Carmen Falbo.
Según los datos de la Procuración, apenas el 16 por ciento de causas abiertas restantes –descontadas las vinculadas a la simple tenencia– está relacionado con el tráfico. Sin embargo, nueve de cada diez comerciantes detenidos finalmente fueron liberados porque la escasa droga secuestrada no ameritaba tenerlos entre rejas.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, el viceministro, Martín Arias Duval, asegura: “Le bajamos directivas al personal policial en el sentido de que la intención de la provincia al adherir a la desfederalización de la ley de estupefacientes está más relacionada al combate del tráfico menor que a la tenencia para consumo personal. La idea es priorizar el esfuerzo en el tráfico y no buscar chicos por la calle con un porro encima”. Pero el propio segundo de León Arslanian justifica las pocas noticias al respecto: “Lo que podemos decir es que estamos en una etapa de transición.
Todavía no hay resultados estridentes en cuanto a procedimientos porque hace muy poco tiempo que es de aplicación obligatoria y las causas por tráfico generalmente llevan un trabajo previo. Los fiscales le piden a la policía el requisito del comprador previo con filmaciones para que en caso de que se secuestre droga se pueda acreditar que es destinada a la comercialización. Esto lleva un tiempo y una demora”.
Nuevos presupuestos
Cuando la 23.737, la ley de drogas, se provincializó, el último 9 de diciembre, una alta fuente de la Justicia nacional arriesgó una hipótesis: “Están cambiando drogas por secuestros”. Se refería, el funcionario, a un supuesto toma y daca en las recaudaciones ilegales de sectores de la Policía Bonaerense. El delito del secuestro, en que se sospechó siempre la mano policial como cómplice de las grandes bandas, significaba un alto impacto que vulneraba los poderes políticos de turno. El tráfico a baja escala, en cambio, no sería, a juicio de la fuente que le confió su hipótesis, motivo de preocupación al menos de las clases medias que supieron llenar la plaza de Juan Carlos Blumberg. Pero los ingresos que el manejo de un delito como el tráfico podrían significarles a los sectores corruptos de la fuerza serían cuantiosos, y sobre todo, mejor distribuidos. “En el mercado ilegal ahora directamente se negocia con el que controla la zona. Se cortó la intermediación. Estamos ante una democratización de los presupuestos ilegales. Esto se irá reacomodando de manera que ya no cobran los jefes, sino que esto baja a los que controlan las zonas”, asegura una fuente judicial de Quilmes, acaso la zona más deteriorada por la venta masiva de la droga de los pobres.Es del corazón de Quilmes desde donde habla Nélida Ledesma, 42 años, una de las coordinadoras del trabajo comunitario en la Villa Itatí, una zona infectada por el paco. “Cuando estuvo el presidente (Néstor Kirchner) los chicos le dieron una carta pidiéndole que hicieran algo con el paco. Nos contestaron la carta y nos mandaron al Sedronar.” Nélida trabaja en el Centro Comunitario La Casita de la Cava, y en Anavi –Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Villa Itatí– con una serie de talleres creativos y de capacitación. Después de sus quejas, los vecinos vieron caer a los 16 pequeños narcotraficantes intocables, cuenta. “Es que no avisaron a la comisaría 2ª de Bernal, por eso esa vez pudieron voltearlos. Yo misma he estado presente cuando llegan los pibes diciendo que esta noche van a reventar a tal transa. La policía pasa los sábados cobrando la cometa.” Los 16 intocables ya no están en el barrio, pero según los cálculos de Nélida, son más de 60 los pequeños distribuidores que les venden hoy paco a los chicos de la Itatí.
Pobres y fumones
¿Pero podría hablarse de un fenómeno homogéneo en todo el Gran Buenos Aires? Le consultamos a fiscales y defensores de Quilmes, Lomas de Zamora, San Isidro, La Plata y San Martín. En cada departamento judicial la situación varía. La diferencia mayor se da en San Martín, donde según el defensor general, Andrés Harfuch, durante el mes de enero hubo doce causas por la ley 23.737. Sólo dos de ellas eran de presunto comercio de estupefacientes. En la mayoría de los casos los consumidores “si estuvieron cinco minutos es mucho. Los propios fiscales de sesgo progresista hacen que terminen archivadas”. Esto implicaría que la policía no “se gasta” en detenerlos. Pero al mismo tiempo, advierte un fiscal que prefiere no delegar su trabajo en la Bonaerense, eso “les da a los que patrullan la posibilidad de negociar con cada uno que encuentran con un porro que tendrá que pagar peaje para seguir”. “Para nosotros lo impresionante es que en las últimas semanas nos encontramos con más causas por drogas que por delitos comunes como el robo”, cuenta un funcionario judicial de San Isidro. “Pero son la mayoría pibes muy pobres que es evidente que no tuvieron cómo arreglar para no llegar a la fiscalía. De todas maneras la mayoría sólo los aprehende, no los detiene. Tuvimos sólo un caso de un fiscal que hizo pasar cinco días adentro a un consumidor, y es un drama porque no sabés dónde mandarlo, no se los puede mezclar con presos comunes porque los destruyen”, dice la fuente.
Dos meses prósperos
Hacia el fin de la semana se produjeron dos procedimientos con la nueva ley de drogas en la provincia. Uno de ellos en La Cañada, Quilmes, a unas 20 cuadras de la casa de Delia, a cargo de uno de los nuevos equipos de la Procuración General donde se incautaron 700 dosis de paco y se detuvo a seis personas. El viernes se demoró a unas cien personas y se secuestraron más de doscientos kilos de marihuana y siete de cocaína en una zona no determinada del conurbano. La cannabis parece ser la sustancia más encontrada en todos los procedimientos. De hecho, según las estadísticas de la Procuración, hasta entonces el 86 por ciento de lo secuestrado era marihuana para fumar. Así ocurrió en la fiscalía a cargo de Domingo Ferrari, en Lomas, el Departamento Judicial en el que más causas por la nueva ley se han iniciado en los últimos dos meses: 472, la mayoría por consumo.
“Si en tres días de turno teníamos un promedio de entre 30 y 40 aprehendidos o detenidos, con la droga se sumaron 30 más. Al principio se los detenía, pero en realidad no tiene mucho sentido porque hay jueces que están dictando la inconstitucionalidad de la penalización de consumo, así que nos limitamos a pedir antecedentes y recomendarles que comiencen una rehabilitación”, dijo el fiscal. “La policía los agarra en la calle, los revisa y los manda, pero no recibimos ningún dato de un comercializador”. Es en esa jurisdicción, en la que el fiscal Ferrari se queja de que no le llegan casos de comercialización, donde los vecinos de la isla Maciel vieron cómo en los últimos dos meses, el tiempo que lleva la ley desfederalizada, de un vendedor de paco pasaron a tener cinco en sólo tres manzanas.
“Más que haber allanamientos, acá ahora se vende más libremente. Me doy cuenta porque me toca de lleno. Mi hermano adelgazó doce kilos en los últimos tres meses, de un talle 42 pasó a un 38 y le queda grande”, describe la mujer, desconcertada. La Isla, bajo supervisión de la comisaría 3ª de Dock Sud, vive cierta reactivación económica entre sus transas. “Antes los que vendían merca ganaban hasta dos mil quinientos pesos por semana, ahora no llegan a quinientos. Por eso hay gente que vendía merca y que ahora se tuvieron que poner a vender paco. Sale dos pesos la dosis, pero venden muchas, las 24 horas”, cuenta un hombre con hijos captados por el paco. La hermana del pibe que no para de adelgazar ni se ilusiona con una denuncia para frenar la locura. “Acá dicen que se tienen que curar de la Policía Bonaerense 2, donde son jóvenes y no se casan con nadie. Pero los que están entran con un cuadernito a cobrar la protección. Cobran más caro que antes, por el paco.” Es un asunto de números, al parecer. Por un lado, la mujer ve día a día pasar ante sus ojos el excedente narco. “Ahora, los que empezaron a vender paco hace dos meses los ves con pantallas de plasma de 42 pulgadas, celulares últimos modelo, equipos, DVD. De todo tienen. Ahora todos andan motorizados acá en la isla, el que menos se compró una moto”, dice. “Y la ganancia se la reparten entre todos, porque los que venden paco pagan más, ellos ganan más, entonces la policía también”, dice, resignada a ver las nuevas reglas del mercado ilegal. María del Carmen Falbo, la procuradora, al tanto de la situación de los territorios se pregunta por la situación de barrios como la isla Maciel o el de Delia, la que humilla al transa con escupitajos: “¿No resulta sospechoso que en dos meses no haya habido un solo procedimiento en esos lugares?”.
