Polémica olímpica
Por Fernando Horowitz (*)
Nadie ignora el inmenso poder que los grandes medios de comunicación ejercen sobre el deporte. Esta vez le llegó el turno a la natación ya que la cadena de televisión estadounidense NBC lleva adelante una campaña destinada a que todas las finales de natación de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se realicen durante la mañana para coincidir con los horarios de mayor audiencia del público norteamericano.
De acuerdo a la información publicada en el diario digital SwinNews, habría una alta posibilidad que se modifique el tradicional cronograma de esta competencia para disputar la fase eliminatoria por la tarde y la carrera decisiva en el turno matutino.
Gigante de las comunicaciones a nivel mundial, la NBC desembolsó 3.550 millones de dólares para adquirir los derechos exclusivos para transmitir estos Juegos, más otros recientes 2.200 para los Juegos de Invierno de Vancouver 2010 y Londres 2012.
Por su parte, la directora de prensa del Comité Olímpico Internacional (COI), Giselle Davies, reconoció las gestiones del canal. “No es algo inusual, es una de las tantas propuestas que debemos considerar antes de tomar una decisión”, afirmó a la agencia de noticias Reuter.
Este tema se inserta en la rivalidad deportiva que enfrenta a las dos grandes potencias de la natación actual, los Estados Unidos –liderados por su máxima figura, Michael Phelps- y Australia, cuyo técnico, Alan Thompson, se mostró muy crítico de una eventual modificación de los horarios de competencia.
"No se debe vender la integridad del deporte, hay que pensar en alcanzar los mejores rendimientos posibles y estar por encima de los intereses comerciales", aseguró el entrenador del plantel aussie que incluye al plusmarquista Ian Thorpe.
(*) Editor del sitio www.eldepornauta.com.ar
15.6.06
Campamento de pueblos originarios en Resistencia, Chaco
“Hemos sufrido todo y queremos que el Estado pare esta situación"
Se cumple una semana del acampe indígena frente a la Casa de Gobierno con el objetivo de que el mandatario Roy Nikisch (UCR) reciba a los delegados de las comunidades. El martes pasado dos mil wichís, tobas y mocovíes arribaron a Resistencia provenientes de todo el interior provincial para reclamar la destitución del intendente de Villa Río Bermejito, la restitución de millones de tierras fiscales adjudicadas a terceros de forma ilegal y mayor presupuesto para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), entre otros puntos.
Si bien el gobernador había anunciado que recibiría a los aborígenes, no aceptó dialogar con los delegados de base de las comunidades y exigió reunirse sólo con el directorio del IDACh, organismo autárquico cuya dirección es elegida de forma directa por los aborígenes. La condición fue rechazada por una masiva asamblea en la plaza 25 de Mayo, frente a la sede oficial, que decidió montar un campamento hasta obtener una respuesta positiva. En tanto, se espera la llegada de nuevos contingentes de las comunidades para reforzar la protesta.
“Se escucha por ahí que el gobernador busca el desgaste de los indígenas. Nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, nada más la diferencia que se llama ciudad de Resistencia pero esto es territorio indígena, así que no nos vamos a desgastar porque estamos en nuestra casa. Aquí vamos a permanecer hasta las últimas consecuencias”, declaró el dirigente toba Egidio García, secretario general del IDACh.
Seis semanas de conflicto
La mayor protesta aborigen de las últimas décadas en Chaco comenzó un mes y medio atrás en Villa Río Bermejito con denuncias contra el intendente Lorenzo Heffner (UCR) por no distribuir la ayuda enviada por Nación para los afectados de la inundación del interfluvio Teuco Bermejito. La crecida de esos ríos golpeó a las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, El Pintado, Comandancia Frías y Villa Río Bermejito, obligando a evacuar a 1300 pobladores y afectando a 50 mil en todo El Impenetrable.
"Sabemos que la municipalidad está recibiendo cosas y no se está repartiendo como se tiene que repartir", señalaba el 3 de mayo Seferino Pérez, poblador del paraje Pozo del Bayo, quien caminó decenas de kilómetros junto a cientos de aborígenes de la zona rural para protestar frente al edificio municipal. "Hoy vimos un depósito lleno de cosas, hermano. Yo no sé este intendente. Encima ayer nadie nos atendió. Encontramos la municipalidad rodeada de policías", denunciaba al programa La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria) de Rosario.
El movimiento generó la solidaridad de otras comunidades y organizaciones de la provincia, en particular la del IDACh. Mientras el gobierno quitaba méritos a las denuncias y Roy Nikisch viajaba por España, una asamblea realizada en Las Palmas con 250 delegados indígenas de Colonia Aborigen Chaco, Río Bermejito, Villa Angela, Sáenz Peña, Pampa del Indio y General San Martín, aprobó el 13 de mayo un plan de lucha para provincializar el reclamo. Y dos días después comenzaron los cortes de ruta en demanda de una audiencia con el gobernador.
Remate de tierras fiscales
En este marco de protesta también cobraron mayor fuerza las escandalosas denuncias sobre adjudicaciones irregulares de tierras fiscales durante la última década. El 17 de mayo en la Legislatura, dirigentes tobas, wichís, mocovíes y criollos denunciaron decenas de entregas ilegales, en tanto Raúl Vallejos, empleado del Instituto de Colonización, aportó documentación de operaciones de compra de grandes extensiones de tierras por monedas que luego fueron vendidas a gente de otras provincias por cifras millonarias.
“Acá no hay errores, acá hay una política deliberada y planificada, acá hay una asociación ilícita calificada que está perfectamente aceitada”, expresó Vallejos, y fue más lejos: “Esto es genocidio. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque a los hermanos se los usa cuando hay elecciones, se los usa para homenajearlos con lágrimas de cocodrilos el día de aborigen chaqueño, incluso el 12 de octubre. Esta es la política de Estado de los hipócritas”.
Según las denuncias, la provincia pasó de 3.900.000 hectáreas de tierras fiscales en 1995 a 1.598.000 en el 2003 y 650.000 en el 2005. El festival de transferencias - como lo calificó el Diario Norte de Chaco - hizo que en un día de 2003 se firmaran 161 adjudicaciones de predios, es decir, a un ritmo de una adjudicación cada tres minutos, en promedio, teniendo en cuenta la extensión de la jornada laboral en la administración pública. Tras el escándalo el gobierno provincial suspendió por 180 días la recepción de pedidos de adjudicación.
Semanas atrás la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia había exhortado al gobierno local a anular las apropiaciones de campos por parte de particulares y empresas de otros distritos, realizar un “saneamiento” del Instituto de Colonización y suspender todas adjudicaciones en trámite.
“Hemos sufrido todo y queremos que el Estado pare esta situación"
Se cumple una semana del acampe indígena frente a la Casa de Gobierno con el objetivo de que el mandatario Roy Nikisch (UCR) reciba a los delegados de las comunidades. El martes pasado dos mil wichís, tobas y mocovíes arribaron a Resistencia provenientes de todo el interior provincial para reclamar la destitución del intendente de Villa Río Bermejito, la restitución de millones de tierras fiscales adjudicadas a terceros de forma ilegal y mayor presupuesto para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), entre otros puntos.
Si bien el gobernador había anunciado que recibiría a los aborígenes, no aceptó dialogar con los delegados de base de las comunidades y exigió reunirse sólo con el directorio del IDACh, organismo autárquico cuya dirección es elegida de forma directa por los aborígenes. La condición fue rechazada por una masiva asamblea en la plaza 25 de Mayo, frente a la sede oficial, que decidió montar un campamento hasta obtener una respuesta positiva. En tanto, se espera la llegada de nuevos contingentes de las comunidades para reforzar la protesta.
“Se escucha por ahí que el gobernador busca el desgaste de los indígenas. Nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, nada más la diferencia que se llama ciudad de Resistencia pero esto es territorio indígena, así que no nos vamos a desgastar porque estamos en nuestra casa. Aquí vamos a permanecer hasta las últimas consecuencias”, declaró el dirigente toba Egidio García, secretario general del IDACh.
Seis semanas de conflicto
La mayor protesta aborigen de las últimas décadas en Chaco comenzó un mes y medio atrás en Villa Río Bermejito con denuncias contra el intendente Lorenzo Heffner (UCR) por no distribuir la ayuda enviada por Nación para los afectados de la inundación del interfluvio Teuco Bermejito. La crecida de esos ríos golpeó a las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, El Pintado, Comandancia Frías y Villa Río Bermejito, obligando a evacuar a 1300 pobladores y afectando a 50 mil en todo El Impenetrable.
"Sabemos que la municipalidad está recibiendo cosas y no se está repartiendo como se tiene que repartir", señalaba el 3 de mayo Seferino Pérez, poblador del paraje Pozo del Bayo, quien caminó decenas de kilómetros junto a cientos de aborígenes de la zona rural para protestar frente al edificio municipal. "Hoy vimos un depósito lleno de cosas, hermano. Yo no sé este intendente. Encima ayer nadie nos atendió. Encontramos la municipalidad rodeada de policías", denunciaba al programa La Señal de la Paloma (Aire Libre Radio Comunitaria) de Rosario.
El movimiento generó la solidaridad de otras comunidades y organizaciones de la provincia, en particular la del IDACh. Mientras el gobierno quitaba méritos a las denuncias y Roy Nikisch viajaba por España, una asamblea realizada en Las Palmas con 250 delegados indígenas de Colonia Aborigen Chaco, Río Bermejito, Villa Angela, Sáenz Peña, Pampa del Indio y General San Martín, aprobó el 13 de mayo un plan de lucha para provincializar el reclamo. Y dos días después comenzaron los cortes de ruta en demanda de una audiencia con el gobernador.
Remate de tierras fiscales
En este marco de protesta también cobraron mayor fuerza las escandalosas denuncias sobre adjudicaciones irregulares de tierras fiscales durante la última década. El 17 de mayo en la Legislatura, dirigentes tobas, wichís, mocovíes y criollos denunciaron decenas de entregas ilegales, en tanto Raúl Vallejos, empleado del Instituto de Colonización, aportó documentación de operaciones de compra de grandes extensiones de tierras por monedas que luego fueron vendidas a gente de otras provincias por cifras millonarias.
“Acá no hay errores, acá hay una política deliberada y planificada, acá hay una asociación ilícita calificada que está perfectamente aceitada”, expresó Vallejos, y fue más lejos: “Esto es genocidio. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque a los hermanos se los usa cuando hay elecciones, se los usa para homenajearlos con lágrimas de cocodrilos el día de aborigen chaqueño, incluso el 12 de octubre. Esta es la política de Estado de los hipócritas”.
Según las denuncias, la provincia pasó de 3.900.000 hectáreas de tierras fiscales en 1995 a 1.598.000 en el 2003 y 650.000 en el 2005. El festival de transferencias - como lo calificó el Diario Norte de Chaco - hizo que en un día de 2003 se firmaran 161 adjudicaciones de predios, es decir, a un ritmo de una adjudicación cada tres minutos, en promedio, teniendo en cuenta la extensión de la jornada laboral en la administración pública. Tras el escándalo el gobierno provincial suspendió por 180 días la recepción de pedidos de adjudicación.
Semanas atrás la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia había exhortado al gobierno local a anular las apropiaciones de campos por parte de particulares y empresas de otros distritos, realizar un “saneamiento” del Instituto de Colonización y suspender todas adjudicaciones en trámite.
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