18.2.07

MUERE MÁS GENTE EN ACCIDENTES QUE EN ATENTADOS Y GRANDES TRAGEDIAS

LA CANTIDAD DE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE LOS PRIMEROS 37 DÍAS DEL AÑO SUPERA A LA SUMA DE FALLECIDOS EN ´CROMAÑÓN´, EN EL ACCIDENTE DE LAPA, EL INCENDIO DE LA DISCO KHEIVIS, LA VOLADURA DE RÍO TERCERO Y EN LOS ATENTADOS TERRORISTAS A LA EMBAJADA DE ISRAEL Y LA AMIA.

PETITORIO DE LOS PADRES DE LA TRAGEDIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ECOS

Casi paradójicamente, el que fue decretado como el Año de la Seguridad Vial en Argentina empezó siendo uno de los más trágicos de la historia en esta materia. Hasta el 6 de febrero, la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizó 404 muertos en accidentes de tránsito en todo el país. La cifra es impactante. Sin embargo, no asombra a los expertos, que desde hace varios años reclaman una política de Estado seria, que logre disminuir la cantidad de víctimas.
“Las cifras no llaman la atención. Vienen siendo muy altas en los últimos años. Pero ahora el tema tomó estado público”, afirma Julio Bovio, jefe del Departamento de Asuntos Viales del Automóvil Club Argentino. Los accidentes del tránsito son la principal causa de muerte en personas de hasta 35 años en el país.
Las estadísticas indican que los números se repiten incansablemente cada año, ante la mirada casi impasible del Estado. Pareciera que se trata de índices sorpresivos y desconocidos hasta el momento, pero estaban al alcance de cualquiera pocos meses atrás, mucho antes de que se apropiaran del espacio mediático.
Según la asociación Luchemos por la Vida, en 1996 murieron 7.864 personas en accidentes de tránsito en Argentina. La cifra trepó a 8.123 al año siguiente y fue igualmente elevada en 2006: murieron 7.557 personas, con un promedio diario de 21 víctimas fatales. Salvando las enormes distancias, en Argentina hay muchas más muertes en accidentes de tránsito que las que se registraron a lo largo de la historia en atentados y tragedias, como el incendio de República Cromañón.
Son miles cada año. Pero suceden en lugares diferentes, separadas por horas, minutos y kilómetros. En circunstancias distintas y por causas particulares. No guardan conexión entre sí. Y pasan, en silencio. Tienen escaso impacto en las noticias y no provocan la reacción inmediata de las instituciones. En su gran mayoría, son evitables. De acuerdo con datos difundidos por el Instituto de Seguridad Vial (ISEV), en enero la cantidad de accidentes aumentó un 35 por ciento en todo el país respecto del mismo mes de 2006. Y se registró un incremento del 6,3 por ciento en el número de muertos. Ocurrieron predominantemente en zonas urbanas, aunque de la totalidad de muertes, el 75 por ciento se produjo en las rutas.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 30 de noviembre del año pasado, 2007 fue declarado Año de la Seguridad Vial. Esta medida obliga a que toda la papelería de la administración del Gobierno lleve como membrete esa leyenda. Sin embargo, tanto desde la Defensoría del Pueblo de la Nación como desde las ONG y asociaciones dedicadas al tema se reclaman políticas públicas concretas para que disminuya la cantidad de muertes.
“En octubre de 2005 se lanzó un Plan Nacional de Seguridad Vial, pero no se hizo nada. El resultado es lamentable, no existe una política de Estado orientada a la seguridad vial”, dice Bovio. Los especialistas ya abandonaron el término “accidentes” de tránsito para cambiarlo por “siniestros”. Hablan de “endemia de accidentes viales” y “situación grave” y piden una intervención urgente.
“FALTA DECISIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA PARA DAR SOLUCIONES Y APLICAR LA LEGISLACIÓN”
Por Graciela Pepe
Más de 400 muertos en lo que va del año, siete mil víctimas anuales, un alto índice de imprudencia, falta de controles y una mayor toma de conciencia se combinaron en el año 2007 para provocar cierta reacción estatal en materia de accidentes viales.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Felipe Solá decretó el estado de emergencia a mediados de enero. Pero los expertos reclaman la aplicación urgente de políticas concretas en todo el país.
Para el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, “aunque hay acciones de algunos gobiernos, todavía falta un verdadero Plan Integral de Seguridad Vial con una autoridad única” de aplicación. La Defensoría ya lanzó la iniciativa popular Porque la Vida Vale, que propone la declaración de la emergencia vial en todo el territorio de la Nación, por el término de dos años. “La legislación existe, pero no se aplica. Falta voluntad o decisión política para solucionar el tema”, explica Alicia Copello, miembro de la asociación Luchemos por la Vida. La ley nacional 24.449 fue sancionada en diciembre de 1994 pero, según los analistas, aún no se implementaron las políticas diseñadas para reducir el índice de siniestralidad y no cuenta con la adhesión de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Las ONG y asociaciones especializadas en el tema coinciden en sus pedidos hacia el Estado. Los puntos principales del reclamo son: declaración de emergencia vial, creación de una autoridad de aplicación, unificación de criterios para la expedición de licencias de conducir (y sanciones que puedan derivar en el retiro de la licencia para los infractores frecuentes) y la asignación de un presupuesto específico para educación y seguridad vial. Para Copello, es fundamental la existencia de controles y sanciones severos en todo el territorio nacional. “La decisión la tiene que tomar el Estado, porque debe asignar un presupuesto para el área, invertir en educación, hacer obras de ingeniería vial y preparar a las autoridades, como la Policía, para lograr que se cumpla la ley”, explica. La existencia de legislaciones diferentes en materia de seguridad vial en distintas jurisdicciones puede generar conflictos en su aplicación.
Por citar un ejemplo, la ley 24.449 y el decreto 40/2007, que rige en la provincia de Buenos Aires, establecen un límite de velocidad máxima en áreas urbanas de 40 kilómetros por hora en calles y 60 en avenidas. En tanto el Código de Tránsito porteño eleva a 70 kilómetros por hora la velocidad máxima en las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta, Quiroga y Obligado.
El otro punto importante es la existencia de una única autoridad de aplicación (como en España, donde la Dirección General de Tráfico depende del Ministerio del Interior) que defina y unifique las políticas. Para el defensor del Pueblo, la política de seguridad vial forma parte de la política general de protección de los derechos humanos, que aún espera solución.

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Su documento de identidad decía que mi viejo nació un 25 de agosto de 1933, aunque en realidad su cumpleaños era el 23 de agosto, se ve que ...