Posturas y estrategias
Por Fernando Neira
Intimados o no por las consecuencias políticas de los nutridos cacerolazos que se congregaron el lunes feriado en distintos puntos del país, el Gobierno anunció ayer que envió al Congreso de la Nación la resolución dictada por el Poder Ejecutivo de implementar, entre otras medidas, las tristemente celebres retenciones móviles al cultivo de la soja.
El cambio de estrategia del oficialismo que parte de enviar la medida a la aprobación de las cámaras también implica y obliga a cambiar las posturas y excusas de los otros protagonistas de la disputa. Por el lado del gobierno, el kirchnerismo deberá poner en funcionamiento el aparato justicialista que le asegure cierta fidelidad hoy por hoy incierta de parte de los gobernadores provinciales. Quién se animaría a aventurar el aval parlamentario de los máximos funcionarios cordobeses, entrerrianos y santafecinos por ejemplo, teniendo en cuenta los ánimos enardecidos de esos pagos. Habrá que ver también cómo juegan los diputados transversales, y sin dudas que hoy el panorama refleja que será una disputa al filo.
Por parte de los representantes del sector del campo y la oposición, la determinación tomada por la presidenta de la nación los obliga a cambiar la estrategia y a mostrar los verdaderos motivos por los cuales una medida impositiva generó tal polvareda. Hasta ahora la carta fuerte que mostraban los representantes agrarios, y que generaba apoyo de ciertas clases de la población, era la falta de constitucionalidad de la medida, el no debate de la disposición en el ámbito parlamentario. Ahora bien, si la medida finalmente hace el recorrido normal de una ley propuesta en un país federal y republicano como predica el campo, ¿qué les queda por reclamar?.
La pregunta que se hacen muchos es ¿por qué el gobierno tardó casi cien días en tomar este camino?. Sin hacer demasiadas elucubraciones se pueden tejer algunas hipótesis al respecto. Está claro que la implementacion de las retenciones móviles es una medida antipática para los pequeños productores y no tanto para los medianos y grandes conglomerados de siembra, que a pesar de la aplicación seguirían teniendo rentabilidades extraordinarias.
Imaginemos el siguiente panorama tres meses atrás, con un gobierno de Cristina Fernández todavía pleno y con un porcentaje de imagen positiva mucho mayor que el que tiene en el presente. Si la presidenta de la nación hubiese mandado este mismo proyecto al parlamento para que sea tratado sin el contexto de mal humor generalizado que hay hoy en día, ¿hay alguna duda de que hubiese sido aprobado por los diputados y senadores?. Pero con ese supuesto panorama al gobierno no le quedaban demasiadas alternativas si el campo se plantaba en contra de la medida constitucional, aunque quizás hubiese obligado a los representantes agrarios a mostrar de entrada su verdadera cara. Volviendo al presente y teniendo en cuenta lo sucedido, hoy las responsabilidades de resolver el conflicto cambiaron de mano y no están tan claras para una sociedad que está harta de los golpes colaterales.
Es sano para la vida democrática de un país que los ciudadanos estén al tanto de lo que se sesiona o se trata en las cámaras legislativas y es una manera trasparente de ver en acción la importancia que tiene el voto popular. Es una situación acorde para verificar si los funcionarios que integraban la lista sábana de los partidos políticos que los ciudadanos colocaron dentro de las urnas están a la altura de las circunstancias.Con la historia reciente y pasada que cosechó este país, no queda otra opción que ponerse del lado de la democracia, mal le pese a algunos.
